La defensa técnica de Santiago Peña sostuvo ante la Cámara de Senadores que el juicio político carece de validez jurídica, debido a que el mandatario ya presentó su renuncia al cargo.
El abogado Adolfo Ferreiro argumentó que el enjuiciamiento político tiene como finalidad la remoción de un funcionario en ejercicio, por lo que el Congreso ya no tendría competencia para continuar con el procedimiento.
Por su parte, Ricardo Preda denunció violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, debido al escaso tiempo que tuvieron para analizar el expediente y preparar sus argumentos.
Asimismo, cuestionó el libelo acusatorio al considerar que se basa en publicaciones periodísticas y valoraciones sin respaldo probatorio. También deslindó responsabilidades de Peña sobre las decisiones técnicas del BCP y las inversiones del IPS, por tratarse de organismos autárquicos.
