El juez Jean Paul López elevó la causa a los tribunales tras rechazar los recursos de la defensa, luego de una investigación liderada por la fiscal Irma Llano que detectó un patrón de conducta que también afectó a una menor de edad.
El proceso se inició formalmente tras la denuncia de la víctima, quien descubrió que el hombre controlaba con precisión todos sus movimientos cotidianos.
La exhaustiva investigación fiscal demostró que el acusado ejercía un control total sobre la vida de la mujer, con quien mantuvo una relación de 12 años, combinando el seguimiento físico con la intrusión digital. Entre los hallazgos principales se detectó un dispositivo de geolocalización instalado en el vehículo de la víctima para vigilarla las 24 horas del día, además de una cámara de video oculta en su propio dormitorio apuntando directamente hacia la cama.
En el plano virtual, el imputado utilizaba herramientas informáticas y fotografías de contraseñas obtenidas durante el noviazgo para vulnerar sus correos electrónicos y finanzas.
El caso tomó un giro aún más grave durante el allanamiento de la vivienda del sospechoso. Al peritar los equipos tecnológicos incautados, los especialistas informáticos confirmaron la existencia de los accesos ilícitos y descubrieron que el abogado aplicaba exactamente el mismo modus operandi de vigilancia con una adolescente.
Debido a este patrón de conducta, el magistrado rechazó las salidas procesales solicitadas por los defensores y ratificó que el hombre deberá responder ante un tribunal por los delitos de acceso indebido a sistemas informáticos, lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, y pornografía relativa a niños y adolescentes, siendo este último cargo el que presenta la mayor expectativa de pena.
