Para Enrique Duarte la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de una empresa asentada en Ciudad del Este para la importación de alimentos y bebidas sin el control sanitario de los productos alimenticios, que por ley deben ser otorgado por el Ministerio de Salud a través del INAN, representa un atentado al principio de legalidad y por sobre todo en contra de la seguridad alimentaria de la población.
Insistió en que si bien la cuestión de fondo no fue analizada, la medida cautelar otorgada por la Corte abrirá una peligrosa puerta y provocará solicitudes en cascada, generando el ingreso de productos alimenticios al margen de la Ley. Ante esa situación afirmó que varios gremios adheridos a la Unión Industrial Paraguaya (UIP) recurrieron ante el Ministerio de Salud y otros organismos de control y que el mismo trámite lo harán ante la Corte.
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