El diputado Benítez fundamenta sus sospechas en un minucioso análisis del informe del interventor de Asunción, Carlos Pereira. Destaca que el 30 de noviembre del 2022, se transfirieron 180.000 millones de guaraníes provenientes de los bonos G8 a la municipalidad.
Posteriormente, entre el 6 y el 14 de diciembre del mismo año, se debitaron 112.000 millones de guaraníes, apenas cuatro días antes de las elecciones internas del 18 de diciembre. Benítez se pregunta si esto fue una simple coincidencia o si implica que “la banca de Lizarella se paga en cuotas”.
Además, el legislador señala un patrón de votos “llamativo” para Valiente: de las 68 mesas donde resultó ganadora en las elecciones, 67 (un contundente 98%) estaban ubicadas en Asunción, con solo una mesa fuera de la capital. Esta situación contrasta fuertemente con otras senadoras como Kattia González y Yolanda Paredes, cuyos votos se distribuyeron de manera más equitativa en diferentes ciudades del país.
Benítez vincula directamente este escenario con la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, a quien acusa de haber “fundido y llevado a la quiebra” la Municipalidad de Asunción.
Ante estas acusaciones, la senadora Lizarella Valiente anunció la presentación de una querella contra el diputado Benítez. Ella argumenta que las declaraciones del diputado no estarían amparadas por la inmunidad de opinión que protege a los legisladores, afirmación que fue cuestionada por varios abogados en redes sociales, quienes sostienen que Benítez sí goza de dicha protección.
Pese al anuncio, ni la senadora ni su abogado, Óscar Tuma, se presentaron en el Congreso para ratificar la querella, y el escribano enviado para el procedimiento tampoco acudió.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez fue enfático al declarar que no se dejará “callar” ni “amedrentar” por acciones judiciales. Manifestó su intención de seguir “arrojando luz sobre este grupo mafioso que nos gobierna” y defendiendo su libertad de pensamiento y expresión, amparado en la Constitución Nacional.
