Si bien la Ley Orgánica del Ministerio Público no hace mención a una destitución por juicio político, señala cuál es el orden de sucesión de un fiscal general en caso de ‘inhabilidad o muerte’.
En ese sentido, el texto indica que deberá asumir temporalmente el fiscal adjunto en lo penal, o en su defecto uno de los restantes adjuntos según su orden de antigüedad, hasta que sea designado un nuevo fiscal de forma permanente.
Es así que en la lista de fiscales adjuntos encontramos a Marcos Alcaráz, fiscal adjunto antinarcotráfico, María Soledad Machuca, de delitos económicos y anticorrupción, y Édgar Augusto Moreno Agüero, adjunto en lo penal.
Según la interpretación del exfiscal José Casañas Levi, hoy quién reemplazaría a Quiñónez en caso de ser destituida, sería Marcos Alcaraz, por su antigüedad como adjunto en el ámbito penal. Sin embargo, si existiera un conflicto en la interpretación de la Ley, la última palabra la tendría la Corte Suprema de Justicia.
