La controvertida medida busca ser tratada y sancionada por los concejales en una de sus últimas sesiones ordinarias, antes de ceder sus bancas a las nuevas autoridades municipales electas.
La iniciativa genera un severo rechazo en sectores opositores, cuyos ediles advierten que la ausencia de un proyecto de financiamiento para estos gastos corrientes podría provocar un impacto presupuestario de hasta G. 38.000 millones para el año 2027.
Entre los beneficios más cuestionados por la opinión pública figuran la incorporación de un adicional del 7% por presentismo, la ampliación de las vacaciones a 30 días hábiles y el incremento de subsidios para seguro médico y decesos.
