El informe de la Contraloría General de la República detectó pagos indebidos por G. 5.000 millones en salarios y bonificaciones, además de fallas en la compra de insumos básicos, como camas de odontología no entregadas.
También se señaló que médicos y otros profesionales atendieron a asegurados con registros vencidos, generando pagos por más de G. 34.706 millones y un riesgo para la seguridad de los pacientes. El presidente del IPS afirmó que se están corrigiendo las observaciones, aunque la Contraloría consideró insuficientes las respuestas.
