Rocío Vallejo cuestionó la distribución de los G. 2.500 millones en gastos reservados y señaló que más del 30% se habría destinado a contratación de personal y gastos corrientes, mientras que apenas un 5% fue utilizado para tareas de investigación.
La parlamentaria advirtió sobre un posible uso de estos recursos para evitar los controles establecidos en las contrataciones públicas y pidió una revisión minuciosa de los gastos.
El cuestionamiento se suma a los argumentos de legisladores que impulsan un pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.
Además, la presentación incluye denuncias sobre una presunta censura a Luz Candado, quien habría sido obligada a firmar un documento que le prohibía realizar declaraciones a los medios de comunicación, sin recibir una copia.