En el centro de la polémica se encuentra Carlos Zelaya Leguizamón, quien figura como asesor en la CONADERNA (Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales) con un salario mensual de 27.656.000 guaraníes, una cifra nada despreciable que proviene de los impuestos pagados por los ciudadanos.
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Zelaya Leguizamón, además, sería directivo o accionista del estudio jurídico que la senadora Cabrera promociona como suyo. Su pareja, Carmen Rocío Medina González, también se encuentra en la mira, ya que ejerce como jefa de oficina o de gabinete de la senadora Cabrera, con una asignación de 5.500.000 guaraníes mensuales.
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La investigación, destacada en la página dos de la edición impresa y digital de Última Hora, subraya que, si bien las personas implicadas habrían renunciado, “no basta” con esta acción. Se exige que haya sanciones y responsabilidades por el manejo “perverso” de los recursos públicos que este tipo de prácticas implica.
