Según la propuesta, si uno de los progenitores está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), su firma ya no será un requisito para tramitar el permiso de viaje del menor, permitiendo que dicha autorización sea otorgada directamente por un juez.
Esta medida busca evitar que los padres que no cumplen con sus obligaciones económicas bloqueen o dificulten el derecho de desplazamiento de los niños.
Actualmente, el Redam registra a más de 2,000 padres deudores, entre los cuales figuran 30 mujeres. El sustento de esta iniciativa se basa en la protección del interés superior del niño, argumentando que la patria potestad implica una responsabilidad “efectiva” que incluye el deber de brindar una calidad de vida adecuada a través del apoyo financiero.
Los defensores del proyecto sostienen que, ante el incumplimiento del deber de cuidado y la falta de aporte económico, el progenitor moroso pierde la autoridad moral y legal para ejercer derechos de decisión sobre el menor en situaciones como la autorización de viajes.
