El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, confirmó que parte de los G. 500.000 millones en bonos fueron utilizados para gastos corrientes y el pago de salarios del personal, lo cual es contrario a la Ley y viola la Carta Orgánica Municipal. Esta malversación de fondos fue documentada en más de 100 biblioratos.
Los bonos estaban destinados a inversiones en obras, pero los recursos “desaparecieron”, lo que provocó la paralización de proyectos. La Municipalidad enfrenta un grave riesgo patrimonial debido a la falta de pago de los intereses de los bonos, lo que podría llevar a acciones legales internacionales por parte de los bonistas y el embargo de bienes.
Esta situación es vista como una consecuencia del modelo político en Paraguay, donde los impuestos y el endeudamiento se utilizan para financiar una numerosa “clientela política” (se menciona que al menos 3.000 de 9.000 funcionarios son innecesarios), en lugar de proveer servicios a los ciudadanos.
