La principal inquietud gira en torno a la seguridad de los equipos frente a posibles ciberataques o hackeos, con la oposición preguntando qué garantías hay contra la manipulación de datos.
A esto se suman sospechas sobre supuestas “vinculaciones políticas” de las empresas oferentes, rumores que, según legisladores, “empañan el proceso de licitación” y ponen en duda la “legitimidad de las elecciones”, especialmente ante la falta de acceso total a elementos como el código fuente.
Pese a las preocupaciones, desde el TSJE aseguran que las máquinas “no se pueden hackear” al no estar conectadas ni almacenar información.
