26 jun. 2025

Lapidario informe de auditoria del hospital de Villarrica

Un “informe verdaderamente lapidario” fue presentado tras la muerte de una bebé recién nacida en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) del Hospital Regional de Villarrica.

Screenshot_4.png

El informe, que consta de 47 hojas, se basa en el análisis de documentaciones, inspecciones en el lugar y declaraciones de funcionarios y profesionales.

La UTI fue habilitada con “bombos y platillos” el 20 de febrero del 2025. Sin embargo, la auditoría revela un contraste “bastante llamativo” en los procesos de verificación. Se realizaron dos inspecciones previas: una el 18 de febrero y otra el 19 de febrero.

Según la primera acta de inspección del 18 de febrero, se señalaba que la obra “no estaba terminada” y se indicaban “observaciones verbales” acerca de las adecuaciones necesarias según el plano.

Las funcionarias que realizaron esta verificación declararon que la obra no estaba terminada para ese control.

Entre las observaciones verbales mencionadas figuraba la necesidad de cerrar una puerta del baño que comunicaba al exterior y liberar un pasillo que conducía a la UTI de niños. También se detectó que el inodoro para desechos patológicos era inadecuado en cuanto a su altura.

Sorprendentemente, al día siguiente, el 19 de febrero, otra inspección concluyó que la UTI estaba “habilitada” y que cumplía con todos los requisitos físicos y funcionales.

Las inspectoras de la Dirección de Establecimientos de Salud no sabían que la UTI se habilitaría al día siguiente de su control.

VER MÁS:
Un adolescente de 17 años volcó su vehículo en la Costanera de Asunción, causando la muerte de su hermana menor que lo acompañaba. El joven fue aprehendido y la policía investiga el hecho.
Un joven motociclista falleció en Capiatá tras esquivar un bache y chocar frontalmente con una camioneta. El conductor del vehículo fue detenido, aunque dio negativo al alcotest.
El Estado paraguayo destina anualmente más de 360 mil millones de guaraníes, equivalentes a unos 45 millones de dólares, en subsidios a empresas de transporte público, a pesar de que los usuarios denuncian un servicio de “trato absolutamente indigno”.