25 feb. 2026

Justicia investigará al padre del presunto asesino de Fernanda

El Ministerio de Justicia investigará al padre del principal sospechoso en el caso Fernanda por supuesta implicancia en el crimen. Se maneja el dato de que no se presentó a trabajar en los días en que la joven estaba desaparecida.

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El Ministerio de Justicia confirmó que el padre del principal sospechoso en el caso del feminicidio de María Fernanda estuvo ausente en su lugar de trabajo durante dos días clave, el 26 y 27 de mayo. Esta información, que surge de una investigación interna del propio Ministerio, llevó a la apertura de dos importantes líneas de investigación.

Según los datos confirmados por el Ministerio de Justicia, el 26 de mayo el padre del adolescente se presentó en su puesto, marcó su entrada y luego solicitó un permiso verbal para retirarse.

La situación se repitió el martes 27 de mayo, el mismo día en que María Fernanda desapareció. En esta ocasión, el funcionario nuevamente marcó su entrada y solicitó permiso, alegando que debía asistir al rezo de su padre difunto, una excusa que quedó registrada en un informe oficial del Ministerio de Justicia.

Es importante recalcar que, hasta el momento, los padres del adolescente sospechoso no fueron imputados, no presentaron declaración indagatoria y sus teléfonos celulares no fueron incautados.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó que el Ministerio de Justicia ha abierto dos aristas de investigación paralelas:

1. Posible participación en el hecho punible: Se busca determinar si el padre tuvo alguna implicación en el caso del feminicidio.

2. Estado patrimonial y posible enriquecimiento ilícito: Esta línea de investigación se abrió debido a la observación de una “casa ostentosa” que llamó la atención de las autoridades.

El padre se desempeña como funcionario penitenciario desde hace 28 años, trabajando como chófer de los móviles de traslado de internos, con un salario de 6.500.000 guaraníes.

Se están solicitando los datos de sus ingresos y de su declaración jurada como funcionario público para determinar si existe una discrepancia. Esta pesquisa podría concluir en la determinación de un enriquecimiento ilícito, lo que justificaría un sumario administrativo o, eventualmente, una causa penal.

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