La iniciativa también prevé la participación del Ministerio de Salud Pública.
El acuerdo fue alcanzado durante una reunión encabezada por el presidente del IPS, Isaías Fretes, junto con miembros del Consejo de Administración y representantes del Poder Judicial. El objetivo es encontrar mecanismos que permitan garantizar el derecho a la salud sin comprometer la sostenibilidad financiera de la institución.
Durante el encuentro, las autoridades revelaron que en los últimos cinco años el IPS destinó más de G. 11.000 millones para cumplir órdenes judiciales relacionadas con tratamientos médicos y provisión de medicamentos.
Fretes advirtió que esta situación genera dificultades administrativas y financieras para la previsional, ya que los recursos utilizados para cumplir las sentencias no forman parte del presupuesto originalmente aprobado. Según explicó, esto obliga a reasignar fondos de otras áreas, lo que podría derivar en cuestionamientos sobre el uso de los recursos institucionales.
Otro de los puntos abordados fue la concesión de amparos a personas que no son aseguradas del IPS. De acuerdo con lo expuesto en la reunión, existen casos en los que resoluciones judiciales ordenan a la previsional asumir prestaciones que, según las autoridades, deberían corresponder al sistema público de salud a través del Ministerio de Salud.
Las autoridades también señalaron que la mayoría de los amparos están relacionados con enfermedades complejas o catastróficas, cuyos tratamientos suelen requerir medicamentos de alto costo y atención altamente especializada, lo que dificulta la aplicación de protocolos uniformes para todos los pacientes.
Como parte de las acciones impulsadas por la institución, el departamento jurídico del IPS se encuentra realizando una auditoría para relevar el estado de las causas judiciales en curso. Actualmente, el área cuenta con 38 abogados permanentes y 18 externos.
La mesa técnica buscará elaborar propuestas que permitan coordinar la actuación de las instituciones involucradas y definir responsabilidades en la atención de pacientes, especialmente en aquellos casos que exceden el ámbito de cobertura de la previsional. Según indicaron las autoridades, la intención no es restringir el acceso a tratamientos médicos, sino establecer procedimientos que permitan proteger el derecho a la salud sin afectar el funcionamiento financiero y operativo del IPS.
