La imputación surge a raíz de la transferencia de cuatro inmuebles de Alexandre Rodríguez Gómes a Óscar Tuma como pago de honorarios profesionales. Estos bienes estaban bajo una medida cautelar de inhibición y bloqueo decretada por el juez Osmar Legal el 19 de agosto de 2024, debido a la sospecha de que provenían del narcotráfico y estaban vinculados a lavado de activos en la causa penal “Pavo Real II”.
Según la fiscalía, el 21 de agosto de 2024, Alcira Celeste Rodríguez Flores presuntamente accedió indebidamente al sistema informático de los registros públicos y alteró los datos de Alexandre Rodríguez Gómes, eliminando la inscripción de la medida cautelar.
Debido a esta alteración, el 23 de mayo de 2025, Alexandre Rodríguez Gómes pudo transferir los cuatro inmuebles a Óscar Tuma. El Ministerio Público sostiene que Tuma tenía pleno conocimiento de las medidas cautelares sobre las propiedades y que existió una asociación criminal entre Alexandre Rodríguez Gómes y Óscar Tuma para ocultar estos bienes, configurando un lavado de activos.
Por su parte, el abogado Óscar Tuma negó las acusaciones, afirmando que cuando se realizó la transferencia de propiedades a su nombre, no existía ningún tipo de bloqueo.
Señala que él mismo informó a la justicia que los inmuebles ya estaban a su nombre, lo cual se hizo como una dación de pago por sus servicios profesionales. Tuma desconoce a la funcionaria del registro público que realizó la modificación y anunció que la demandará, considerándose víctima y no cómplice del presunto esquema.
Además, cree que la imputación es un intento de amedrentamiento para que se aparte de la causa. El abogado enfatizó que la operación de dación de pago fue transparente, con pago de factura y transferencia en los registros, sin intención de ocultar nada.
También expresó su preocupación sobre cómo los abogados podrán cobrar a clientes imputados por este tipo de delitos si recibir bienes o dinero presuntamente ilícitos conlleva imputaciones.
