Montanaro, a quien los medios llamaron “depredador digital”, asegura que su caso se convirtió en un “circo” y un “show” donde su vida íntima fue convertida en espectáculo público, y niega haber actuado sin consentimiento de las personas involucradas.
El caso se inició el 18 de julio de 2024, cuando una comitiva fiscal, encabezada por Ruth Benítez, allanó el domicilio de Montanaro en Asunción. Según el Ministerio Público, se le investigaba por presuntamente grabar encuentros sexuales y luego distribuir imágenes y videos en grupos de mensajería y páginas sexuales sin el consentimiento de las víctimas.
- La Versión de Montanaro: Consenso y “Fantasías”
Montanaro, quien pasó seis meses en Tacumbú por delitos que, según él, no ameritaban prisión preventiva, sostiene que todo comenzó con la ruptura de una relación corta. Su expareja, al no aceptar la separación, lo habría amenazado con “plantar droga” en su departamento, hecho que él denunció a la policía antes del allanamiento.
El empresario reconoce tener “gustos sexuales particulares” y haber grabado encuentros íntimos, admitiendo que algunos de estos materiales fueron incluso comercializados. Sin embargo, enfatiza que todo fue consensuado. “La prueba de mi inocencia estaba en el teléfono”, afirmó, indicando que hay elementos que “se pueden reconstruir” donde ella (la supuesta víctima) consintió que el video fuera comercializado. Mencionó la existencia de testigos, como un fotógrafo, que pueden corroborar el consentimiento con el que se realizaban las grabaciones.
En cuanto al famoso “contrato” que supuestamente se asemejaba al de la película “50 Sombras de Grey”, ampliamente difundido, Montanaro aclaró que era un “papel que no tiene firma”, parte de una “fantasía” o “fetiche”, y no un documento legal. Criticó que la fiscal lo compartiera con la prensa para “alimentar el morbo” y hacer el caso más escandaloso.
- Denuncias de irregularidades y violación a la intimidad
Montanaro denuncia graves irregularidades en el proceso. Afirma que los archivos de su celular fueron adulterados mientras estaban bajo custodia fiscal, que borraron mensajes clave, y que se “armó una segunda causa para justificar la primera”. Presentó un informe pericial que, según él, demuestra que el celular fue manipulado y el lacrado de la evidencia fue “tocado”.
La segunda causa a la que se refiere está vinculada a una acusación por coacción, donde se le imputó por una supuesta amenaza a la fiscal del caso, enviándole flores con una nota intimidante. Montanaro niega esta acusación, explicando que el día del incidente estaba organizando su cumpleaños y fue a una florería por recomendación de su abuela para ver centros de mesa.
El proceso ha afectado profundamente a su familia, su vida laboral como empresario inversionista, y económicamente, ya que afirma que desaparecieron más de 400 millones de guaraníes de su departamento durante el operativo. Sin embargo, lo que más le afectó fue la violación a su intimidad. Se siente “totalmente violado” y lamenta que la Constitución Nacional, particularmente el artículo 33 sobre el derecho a la intimidad, pareciera “letra muerta”.
