La ciudadanía, especialmente los barrios adjudicados por las obras, está exigiendo mayor celeridad y claridad al interventor para que se esclarezca el destino de estos fondos, cuya falta de explicación fue uno de los principales motivos de la intervención en la comuna capitalina.
Las anteriores autoridades municipales, bajo la administración de Óscar Nenecho Rodríguez, habían ofrecido explicaciones que han sido calificadas de genéricas. Indicaron que parte de estos bonos, específicamente G. 492.000 millones, se habrían utilizado bajo la modalidad de “cuenta única para gastos corrientes”.
Esto incluía el pago de salarios, gastos relacionados con vehículos de recolección, compra de cubiertas, seguros, uniformes y servicios de transporte, así como la limpieza de Asunción. No obstante, se subraya que el pago de salarios con fondos de bonos está “totalmente prohibido por la Ley Orgánica Municipal”, y la documentación de estos gastos no ha sido exhibida.
Además, el informe de la Contraloría General de la República reveló que una parte de estos bonos fue adquirida o reestructurada a una tasa nominal “bastante alta” en comparación con la comprometida para los bonos rescatados. También se ha detectado una “diferencia” entre los saldos contables y el saldo detallado en el extracto bancario con respecto a la administración de estos bonos.
A pesar de que el interventor asumió su cargo formalmente hace aproximadamente dos semanas, estas cuestiones clave que han derivado en “una serie de reacciones críticas” y que apuntan a un “despilfarro y desfalco” en la Municipalidad de Asunción, “hasta ahora no tienen respuesta”. La situación mantiene en vilo a la opinión pública, que espera acciones concretas y explicaciones claras sobre el manejo de los recursos públicos.
