Divorcio “exprés": plantean trámites en 72 horas y sin abogados en casos de mutuo acuerdo

La propuesta, impulsada por los senadores Eduardo Nakayama y Lilian Samaniego, apunta a descomprimir el sistema judicial y facilitar el acceso a este trámite para miles de ciudadanos. Según explicaron los proyectistas, el objetivo es simplificar los procedimientos ante los juzgados de paz en aquellos casos donde exista pleno consentimiento entre las partes y no haya conflictos patrimoniales o familiares que resolver.

Para acceder al mecanismo abreviado, ambos cónyuges deberán manifestar su acuerdo de manera voluntaria, no tener bienes gananciales pendientes de distribución o contar previamente con separación de bienes, y no tener hijos menores de edad.

La senadora Lilian Samaniego defendió la iniciativa argumentando que el actual sistema genera una importante acumulación de expedientes. De acuerdo con datos de la Corte Suprema de Justicia, entre 2024 y 2025 ingresaron más de 15.000 nuevos juicios de divorcio, mientras que cerca de 18.000 causas permanecen en trámite. Además, señaló que aproximadamente la mitad de los procesos corresponden a divorcios por mutuo acuerdo, situación que podría resolverse con mayor rapidez mediante un procedimiento simplificado.

El proyecto también contempla la exoneración de tasas y aranceles judiciales para reducir los costos que actualmente deben afrontar las parejas. Sus impulsores sostienen que, cuando ambas partes coinciden en divorciarse y no existen controversias, el Estado no debería imponer trámites prolongados ni gastos adicionales.

Sin embargo, la propuesta ha generado debate entre especialistas del ámbito jurídico. Algunos profesionales consideran que la participación de abogados continúa siendo necesaria para garantizar el debido proceso, incluso en situaciones de mutuo consentimiento. Otros plantean que una verdadera simplificación requeriría trasladar este tipo de trámites al Registro Civil en lugar de mantenerlos dentro de la estructura judicial.

El proyecto permanece actualmente en análisis en las comisiones del Senado, donde se evaluarán los alcances legales de las modificaciones propuestas y su compatibilidad con las normativas vigentes.