Entre los principales reclamos, los trabajadores denuncian que funcionarios estarían exigiendo sumas de hasta G. 100 millones para la adjudicación de puestos o depósitos liberados. Además, reportan desalojos irregulares, especialmente en el Bloque A, así como un aumento significativo de notificaciones de faltas que interpretan como una forma de hostigamiento.
También cuestionan la aplicación de multas sin criterios claros. Uno de los permisionarios relató que fue sancionado con G. 8 millones por tener una lata de cerveza en su local, hecho que, según su versión, incluso derivó en una presunta agresión física por parte de un directivo.
Desde la Municipalidad de Asunción, sin embargo, sostienen que los procedimientos responden a fundamentos legales. En ese sentido, explicaron que uno de los desalojos se debió al subarrendamiento del local, práctica prohibida dentro del mercado, mientras que otro caso estuvo vinculado a una investigación penal tras el hallazgo de 1.200 dosis de crack en un puesto intervenido meses atrás.
Mientras persiste la controversia, los comerciantes insisten en la necesidad de transparentar la administración del principal centro de abastecimiento del país y frenar lo que califican como atropellos que afectan directamente a su actividad diaria.
