La movilización busca presionar por avances reales en las investigaciones judiciales y visibilizar el daño psicológico que sufren los afectados, quienes denuncian una desidia absoluta del sistema formal ante este esquema de estafas masivas.
Durante la protesta, los representantes del grupo entregaron un nuevo documento ante la máxima instancia judicial donde reiteran la urgencia de detener los cobros irregulares y avanzar firmemente en el castigo a los responsables. Los manifestantes insistieron incluso en la necesidad de un juicio político a los ministros de la Corte, al considerar que la institución tiene una responsabilidad directa por permitir que los vacíos legales sigan perjudicando a los ciudadanos.
La indignación escaló tras las recientes publicaciones de la jueza Analía Civil —procesada por el caso—, quien difundió en redes sociales consejos para evitar estafas; un acto calificado por el vocero Pedro Corel como una burla cruel, comparándolo con “el lobo enseñando a las ovejas a defenderse de la manada”. Los damnificados describen su día a día como una maratón interminable por juzgados, fiscalías y ministerios para recuperar sus documentos, prometiendo mantener las medidas de fuerza hasta obtener una resolución definitiva que devuelva la tranquilidad a sus hogares.
