Esta situación dio inicio a una investigación fiscal a cargo de la fiscal Karina Caballero, que resultó en la imputación de 10 nuevas personas. Entre los imputados se encuentran el juez del juzgado de la Recoleta, Dr. Víctor Nilo Rodríguez, un oficial de justicia, ujieres de dichos juzgados, varios abogados de las empresas de cobranza, y directivos de la Asociación de Empleados del SNPP.
Las víctimas denuncian que no se enteraron de los procesos judiciales hasta que les embargaron el sueldo. Una de las afectadas, relata que las empresas les hacían firmar doble pagaré: uno con la asociación, que supuestamente les era devuelto al pagar la deuda y otro con la empresa de crédito, el cual era ejecutado cuando las empresas lo decidían, incluso con deudas ya pagadas y sin notificación previa.
Las víctimas también señalan la complicidad de jueces en este proceso. Respecto a las notificaciones judiciales, reportaban situaciones irregulares, como manifestar haber aplaudido en la institución sin que nadie los atendiera, a pesar de la presencia de guardias y personal. Las víctimas afirman que no pudieron defenderse ni presentar las pruebas y que continuaron sufriendo embargos. Finalmente, las víctimas expresan que se dieron cuenta de que eran parte de la “mafia de los pagarés” al ver las denuncias que se estaban difundiendo.
