18 may. 2026

Reacciones tras el escándalo de los chats de “Lalo” Gómes

El senador Rafael Filizzola se refirió a los chats encontrados en el celular del abatido diputado ''Lalo’’ Gomes y mencionó que Orlando Arévalo debe renunciar. Aseguró que todos los involucrados en el esquema de corrupción “son agentes del crimen organizado”.

Screenshot_10.png

El senador Rafael Filozzola sostuvo que Orlando Arévalo no puede permanecer en el cargo. “Estos son sicarios de la justicia. Arévalo hoy es el González Daher de algunos años. Es la cara visible del mismo esquema que tenía González Daher”, lamentó.

El legislador dijo que lo ocurrido es “una vergüenza” y que los involucrados en el esquema de corrupción están “matando a la justicia” y convirtiendo al país en una “cueva de narcos”. Estos fiscales “son agentes del crimen organizado que están infiltrados en el Estado. Deben ser sacados del cargo a patadas”, agregó.

” Sale la fiscal a decir, los narcos no nos piden tanto. Los narcos son más baratos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Eso sale a decir la fiscala. Se queja porque la tarifa que le cobra el JEM es más cara que la tarifa que le cobran los narcos. Es un escándalo. Demuestra que nuestra República está en terapia intensiva. Se necesita cortar cabezas”, expresó.

Las conversaciones revelarían un esquema de corrupción pública y manipulación de la justicia. El intercambio de los mensajes que datan de los años 2022 y 2023 fueron revelados este lunes por el juez Osmar Legal y remitidos al Ministerio Público para que inicie una investigación.

VER MÁS:
Un hombre de 44 años identificado como Arnaldo Ramón Grance Coronel falleció en el barrio Mbocayaty de Asunción, tras ser agredido por un conductor de plataforma durante una discusión por falta de cambio de un billete.
La Receita Federal de Brasil incautó 2.545 ampollas de medicamentos para la diabetes y obesidad, ocultas en un autobús paraguayo que se dirigía a Río de Janeiro.
Rafael González, asesor de la firma Renfe SA, defendió este viernes la legalidad de las adjudicaciones obtenidas para el mantenimiento de ascensores del Instituto de Previsión Social (IPS), pese a sus antecedentes judiciales por estafa y los cuestionamientos de la nueva administración sobre la transparencia de la empresa proveedora.