En los audios filtrados, el jefe policial coordinaba el traslado de internos e influía para evitar disposiciones judiciales, haciendo alusión expresa a pagos de hasta G. 25 millones de en concepto de gestiones irregulares.
Ante el desacatamiento sistemático de las resoluciones sobre el lugar de reclusión de los detenidos de alta peligrosidad, la propia Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir para llamar la atención del Ministerio de Justicia.
Durante una entrevista radial, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, admitió que los primeros indicios contra el efectivo policial se detectaron hace unos 10 meses, reconociendo la existencia de demoras institucionales antes de separarlo del cargo y ordenar auditorías anticorrupción.
El destape del caso y los graves fallos de seguridad detectados en recintos de máxima seguridad como la penal Martín Mendoza de Emboscada desencadenaron inmediatas reestructuraciones en la cúpula penitenciaria, además de la renuncia del viceministro de Justicia, Rubén Maciel.
