Pese a que la legisladora ya había firmado el borrador del acuerdo y elaborado un segundo documento comprometiéndose a asumir la totalidad del capital e intereses de los créditos y deudas de las afectadas, las denunciantes Lidia González, Eleonora Vera y Lorena Gauto se negaron a suscribir los papeles.
La firma se interrumpió de manera definitiva cuando las trabajadoras, ya presentes en el despacho jurídico, recibieron la exigencia de entregar sus dispositivos móviles.
La ruptura del pacto ocurrió tras una llamada telefónica de la propia senadora al bufete de abogados, en la que condicionó el acuerdo a que su técnico de confianza borrara la totalidad de los contenidos de los celulares de las denunciantes.
La pretensión provocó el rechazo inmediato de las funcionarias por contradecir el propio texto del convenio, el cual estipulaba formalmente que el acuerdo no impedía aportar o preservar pruebas ni afectaba las investigaciones fiscales de acción pública.
Tras negarse a someter sus teléfonos a dicho procedimiento privado, las tres afectadas abandonaron el lugar y confirmaron que mantendrán sus reclamos legales
