El Instituto de Previsión Social (IPS) destinó unos 6,8 millones de dólares para servicios de limpieza y gestión ambiental, pese a constantes reclamos por carencias en medicamentos y atención médica.
Los contratos fueron adjudicados en tiempo récord a los consorcios Proverde y Alianza Bioeco, ambos vinculados a empresas con antecedentes o nexos políticos, lo que genera sospechas sobre el proceso.
Sin embargo, recorridos en hospitales evidencian abandono total, con malezas, construcciones deterioradas y hasta animales muertos, lo que pone en duda la ejecución de los millonarios contratos.
