De acuerdo con las pruebas documentales y testimonios revelados, la legisladora cobraba hasta G. 20 millones por contrataciones y entre G. 50 y 150 millones por nombramientos, gestionando incluso créditos bancarios preaprobados para que los propios empleados se endeudaran y le entregaran el efectivo.
Asimismo, la senadora solicitaba la transferencia mensual de las bonificaciones salariales de unos 20 funcionarios de su banca, confirmándose la maniobra mediante mensajes de texto donde la misma facilitaba el alias de su cuenta bancaria personal para recibir los depósitos.
A pesar de que este esquema ya había sido denunciado anteriormente por legisladores de la bancada democrática ante la Mesa Directiva del Senado, el presidente de la Cámara, Basilio Núñez, se negó a abrir una investigación interna argumentando no ser fiscalía.
Delgado, quien ingresó originariamente al Congreso por el partido Cruzada Nacional antes de pasarse a la bancada del Partido Colorado, enfrenta ahora la posibilidad de una indagatoria penal por parte del Ministerio Público, habida cuenta de que varios funcionarios afectados manifestaron su disposición a testificar e ir hasta las últimas consecuencias.
