El exgobernador cuenta con alta hospitalaria, pero deberá seguir con controles médicos y un proceso de rehabilitación.
La defensa solicitó seis meses de tratamiento domiciliario, argumentando que necesita atención especializada tras la golpiza que sufrió.
El juez Carlos Mendoza deberá analizar los informes médicos y definir si concede la prisión domiciliaria.
