Según el legislador, la empresa adjudicada no cumpliría con el requisito técnico de contar con al menos 100.000 clientes, ya que —afirmó— tendría alrededor de 38.000. También mencionó supuestos vínculos políticos detrás de la firma beneficiada.
El caso está siendo analizado por la Contraloría General de la República, que prevé emitir un dictamen en los próximos días, en medio de advertencias sobre un posible rezago tecnológico para el país.
