Para el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, la decisión fiscal marca el “inicio del término de una persecución feroz” que, según él, se inició en el periodo anterior y que llegó a calificar como un “terrorismo de estado”.
Núñez afirmó que no solo Cartes, sino también otros referentes políticos, fueron “estudiados” por entes como la Seprelad, y que esta “denuncia falsa” se “derrumba por no tener evidencia”.
El senador de Honor Colorado también sugirió que esta denuncia sirvió de base para la catalogación de Horacio Cartes por parte de Estados Unidos como “significativamente corrupto”.
Por otro lado, referentes de la oposición, como las senadoras Yolanda Paredes y Esperanza Martínez, ven en este pedido de desestimación una “demostración palpable” de que la justicia paraguaya “no es ciega, no es independiente y tiene precio”.
Las legisladoras cuestionaron duramente la idoneidad del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, indicando que “no está a la altura de la circunstancia” y que la sociedad paraguaya está “harta de la impunidad que justamente Emiliano Rolón encabeza”.
Criticaron además la falta de una explicación pública por parte de la Fiscalía y señalaron la disparidad en las acusaciones, preguntándose cómo “Boyanit” fue acusado con 36 páginas mientras Horacio Cartes no figura en las acusaciones.
La oposición concluyó que se trata de “otro hecho de impunidad para protegerle al grupo Cartes y a todo este proyecto político de copamiento de los tres poderes del Estado”.
