La odontóloga Sandra Obertino y el anestesiólogo Adrián García fueron condenados a 8 y 7 años de cárcel, respectivamente, por el homicidio doloso en grado eventual de Thirza Portillo. La investigación comprobó que la clínica donde se realizó el tratamiento no estaba habilitada y se aplicó sedación profunda sin autorización de los padres.
El endodoncista Vicente García recibió 4 años de prisión por homicidio culposo, al no advertir sobre los riesgos de los fármacos utilizados. La familia de la menor manifestó su descontento con las penas, señalando que ninguna sentencia podrá devolver la vida de su hija.
El caso establece un precedente en la jurisprudencia de mala praxis, resaltando la responsabilidad de los profesionales de la salud y la necesidad de cumplir con los protocolos para proteger la vida de los pacientes.
