El conflicto gira en torno a la compensación de 3,1 millones de dólares ofrecida por el Gobierno, rechazada por el gremio por considerarla ilegal. En cambio, exigen el pago del subsidio de febrero por 4,6 millones, que cuenta con respaldo legal y decretos vigentes. “No nos queremos quedar como cómplices de recibir un dinero que no corresponde”, afirmó César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam.
El titular del gremio también desmintió que el Gobierno haya ofrecido combustible para evitar la crisis, calificando la propuesta como una “mentira” que no resuelve la compleja triangulación financiera necesaria. Además, responsabilizó al Viceministerio por el pésimo estado de los buses y por imponer frecuencias e itinerarios que obligan a operar por debajo de los costos reales, hasta un 15% menos según estudios internacionales.
Una reunión de urgencia está programada para las 11:00 de este sábado en el Viceministerio de Transporte. De su resultado dependerá si los ciudadanos tendrán buses el lunes o si la parálisis del sector se profundiza, dejando a la población sin alternativas de movilidad.
