Los denunciantes calificaron la solicitud como un “grito de auxilio” ante lo que consideran una red criminal montada dentro del sistema judicial, que —según sostienen— involucra a ujieres, fiscales, jueces y hasta ministros del máximo tribunal. Reclaman el resarcimiento de los daños sufridos y la recuperación de bienes embargados a raíz de lo que describen como una “megaestafa” de dimensiones nacionales.
Entre los testimonios más conmovedores figura el caso de Alis Prieto, docente que hace nueve años firmó un pagaré por apenas 1 millón de guaraníes para la compra de un horno microondas. A pesar de haber pagado ya más de 78 millones de guaraníes, sigue enfrentando embargos y descuentos judiciales que, según los registros actuales, habrían elevado su supuesta deuda a más de 3.000 millones de guaraníes.
