Si bien el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) asegura la devolución de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica, cubriendo a los pequeños ahorristas, la ciudadanía y referentes del sector cuestionaron la falta de soluciones operativas inmediatas y la rigidez institucional frente a trabajadores que no pueden cobrar sus salarios ni realizar transferencias cotidianas.
El escenario compromete además un volumen masivo de recursos públicos, destacándose los USD 360 millones que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene depositados en la entidad, de los cuales solo la garantía queda respaldada de forma directa previo al proceso de quiebra o liquidación.
Al respecto, el exministro de Hacienda Manuel Ferreira explicó que la intervención responde a una severa falta de liquidez y a un patrimonio neto negativo vinculados al manejo discrecional de créditos relacionados, mientras los usuarios afectados enfrentan trabas burocráticas para abrir nuevas cuentas bando o percibir sus haberes en efectivo.
