Asimismo, sostuvo que los recursos del Estado, en especial los aportes del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la caja fiscal, no pueden ser dispuestos de forma discrecional ni instrumentados para beneficiar de manera arbitraria o sospechosa a determinadas empresas en licitaciones y colocaciones financieras.
En ese sentido, el exmandatario enfatizó que el rol institucional del Estado debe ser promover la equidad social y fijar reglas transparentes en la economía financiera, exigiendo voluntad política al Ejecutivo para resolver las irregularidades de raíz y recuperar la credibilidad perdida.
Finalmente, alertó que al Gobierno le resta un margen reducido de tiempo para rectificar el rumbo y que, de no ejecutarse cambios profundos en la conducción económica, el Partido Colorado terminará pagando el costo político en las próximas elecciones a causa de la ineficiencia administrativa.
