Según las investigaciones, un grupo de individuos planificó meticulosamente la estafa, creando una empresa ficticia y registrando a “trabajadores” que no tenían relación alguna con la misma. La fiscal Sosa explicó que la patronal involucrada, denominada Julio Ramírez Domínguez, inscribió de forma llamativa a un total de 83 personas ante el IPS, a pesar de que normalmente solo tenía entre tres y ocho empleados.
El modus operandi consistía en inscribir a estas personas para luego comunicar su supuesto cese laboral. De esta manera, los “empleados” cobrarían la compensación por cesación laboral que el IPS ofrecía a quienes quedaban sin trabajo a causa del COVID-19. Una verificación del domicilio de la supuesta empresa no arrojó ningún dato ni información, confirmando las sospechas de su carácter ficticio.
La investigación reveló que, si bien inicialmente había alrededor de 80 funcionarios involucrados en la empresa fantasma, un grupo significativo colaboró con las autoridades, confesando cómo se armó la estructura y devolviendo el dinero percibido. Esto llevó a que la imputación se centrara en 67 personas por los delitos de estafa y declaración falsa.
