La misiva identifica fallas estructurales dentro del sistema judicial y político que propician la injusticia. La ruptura del equilibrio entre los poderes del Estado es condenada porque resulta en que la política protege únicamente a unos pocos, en lugar de a todos, atentando contra los principios del Bien Común.
Jubinville comentó que cuando la justicia no es funcional, se favorece la impunidad y se pierde la confianza en las instituciones. Un Poder Judicial sobrecargado, presionado políticamente y afectado por la corrupción provoca una sensación de injusticia y desprotección de los más débiles, generando la percepción de que las sentencias tienen precio.
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La Iglesia, haciendo una autocrítica, admite que ha tardado en alzar la voz ante las injusticias y en formar ciudadanos con una conciencia cívica y crítica, reconociéndose como parte del entramado social que ha sido cómplice de este sistema vicioso.
Frente a este panorama, el episcopado recalca que es imperativo asegurar una justicia real y accesible para todos. Se insta a la ciudadanía a defender la independencia de los poderes del Estado y a fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas para combatir la injusticia.
Además, la Carta Pastoral subraya que la protección social no es un acto de caridad del Estado, sino una cuestión de justicia social y la concretización del Bien Común. Para lograr un futuro digno y sin exclusiones, es necesario promover una educación que una la justicia social y la justicia ambiental.
