La sentencia fue dictada mediante un proceso abreviado por el juez de garantías especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, luego de que Patricia Adriana Parodi Cantero y Blas Antonio Rodríguez Galeano admitieran su participación en el esquema.
Según la investigación fiscal, el mecanismo operaba mediante irregularidades en procesos civiles tramitados ante el Juzgado de Paz de la Recoleta. En los expedientes se consignaban como realizadas notificaciones e intimaciones de pago que, en realidad, nunca habían sido practicadas, permitiendo que los juicios avanzaran hasta obtener resoluciones favorables para los acreedores.
Rodríguez Galeano fue vinculado a 88 expedientes en los que actuaba como representante de la firma SATEC SA. Parodi, por su parte, fue procesada por prevaricato y producción de documentos públicos de contenido falso, debido a su participación como oficial de justicia.
Como parte de las condiciones impuestas para la suspensión de la pena, Parodi deberá pagar G. 75 millones, destinados a hospitales y centros asistenciales. En tanto, Rodríguez Galeano deberá entregar G. 88 millones, que serán distribuidos entre el Hospital de Trauma, cuerpos de bomberos y dependencias de la Policía Nacional.
