El gobernador se presentó este jueves en Tribunales para su audiencia de imposición de medidas, pero la misma fue suspendida porque su defensa presentó un pedido de nulidad y también la recusación del fiscal Alexis Takahashi. La Fiscalía lo imputó por el presunto daño a un cañón de guerra y por transgredir la Ley 5621 “De protección del patrimonio cultural”.
Según la denuncia, el monumento histórico creado en el año 1825 fue removido de su lugar con un tractor por orden del Gobernador y sin contar con un permiso de la Secretaría Nacional de Cultura. Supuestamente, pretendían buscar oro en su interior y dañaron la estructura realizando tres agujeros que luego fueron rellenados con masillas.
Nicolás Cartamán Torres asegura que la medida en su contra es infundada porque el cañón en cuestión “no es un patrimonio cultural” debido a que no hay ninguna resolución que así lo establezca. Además, está tratando de ejercer presión sobre el Ministerio Público que utiliza un predio de la Gobernación para sus oficinas con, presuntamente, no renovar el acuerdo de las partes y eventualmente realizar un desalojo.
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