Tras lograrse la condena de Rivas por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, la representación fiscal explicó que determinar a qué sector le resultaba útil mantener a un juzgador sin formación jurídica excede el alcance punible de la investigación al tratarse de una actuación soberana de un poder del Estado.
Durante el proceso se demostró que el imputado accedió a su título de abogado mediante un trato de celeridad inusual y el acatamiento de órdenes superiores dentro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde se ignoraron los controles administrativos obligatorios. Entre los elementos determinantes del juicio figuraron las abiertas contradicciones en sus certificados de estudio y las severas omisiones en los registros académicos exigidos por las reglamentaciones vigentes.
Respecto al fallo judicial, el Tribunal de Sentencia impuso una pena de 8 años de cárcel, y los agentes fiscales aguardan la lectura íntegra de la resolución el próximo 2 de octubre para definir si apelan buscando los 12 años solicitados originalmente. No obstante, la Fiscalía destacó como un logro histórico la acreditación de la modalidad agravada del hecho punible y reiteró que, al superar los dos años de sanción, Rivas deberá cumplir prisión efectiva una vez que la condena quede firme.
